PIQUETE DE OJOS

Tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe. Tanto corte de calles por piquetes, todos los días, que al fin pasó lo que pasó. Un muerto. Atropellado por un camionero borracho que se negó a que le impidieran el paso y lanzó su camión contra los piqueteros, con el trágico saldo de una muerte que no debía haber ocurrido y por la que hay más de un responsable.Estaba cantado que algún día iba pasar. Lo veía venir hasta un ciego. Menos los que tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley. Y la ley dice que no se puede cortar una vía pública, protesta justificada o no. Pero, pruebas al canto, el caos prevalece por sobre la ley y por sobre los que tienen la obligación de velar por la seguridad de todos los ciudadanos. Esta vez con un muerto a cuestas.Para el gobernador de Santa Fe, Miguel  Lifschitz, "se trata de la muerte de un trabajador joven en manos de una situación de irracionalidad absoluta". Y según su "políticamente correcta" interpretación: "En este caso se trató de un conjunto de trabajadores y sus representantes gremiales que estaban ejercitando su derecho a la protesta".De lo que el Gobernador no dijo ni media palabra es del derecho de todos los ciudadanos al libre tránsito por todas las rutas y calles del país, establecido por la mismísima Constitución Nacional y por el que, de haberse hecho cumplir (el Ministerio de Gobierno tiene a cargo esa responsabilidad), se habría evitado "la muerte de un trabajador joven". Tampoco explicó lo de la "situación de irracionalidad absoluta", generada en medio de un piquete que impedía por la fuerza la libre circulación y que terminó en tragedia; sin que el Gobierno provincial haya hecho nada para impedirlo. Los derechos de unos pocos por sobre los derechos de todos. Una constante que parece no tener fin y ante la que el Estado se muestra como un mero comentarista.  El camionero, según el fiscal que interviene en la causa, Aquiles Balbis, "estaba alcoholizado". Y la primera pregunta que viene al hilo es dónde estaba el Estado a la hora de impedir que alguien alcoholizado condujera un camión cisterna con acoplado por una ruta nacional en la que no deberían faltar los controles camineros, habida cuenta de que no sólo es peligrosa, sino que es una de las rutas elegidas por el narcotráfico. Otra de las preguntas obligadas ante lo sucedido es por qué las autoridades competentes no actuaron en tiempo y forma para impedir que un grupo de personas cerrara ilegalmente y por la fuerza el tránsito en una ruta nacional como la 11, una de las más transitadas del Mercosur. ¿La "irracionalidad absoluta" es solo del camionero? Son muchos los interrogantes y muy pocas las respuestas. Lo único que por estas horas está claro es que los piquetes ya se cargaron a un muerto. Y hasta tanto el Estado no se aplique firmemente a hacer cumplir la ley y penar debidamente a quienes se la salten, sólo Dios sabe si será el último. 

El grado de conflictividad social, los riesgos que conlleva y la pasividad de las autoridades ante un caos que crece día a día, están a la vista de todos. Los únicos que no parecen ver la gravedad de lo que está pasando son los funcionarios de Gobierno y la Justicia.

Quizá, y aunque la gravedad de lo ocurrido no dé para liviandades humorísticas, no lo vean porque los que transgreden las leyes en este país como si fuera un deporte ya les han metido un buen piquete de ojos.